De la A a la G sólo hay cinco letras de distancia, pero una gran diferencia de consumo energético, como se plasma en las etiquetas que acompaña a los electrodomésticos desde hace años y que también ahora deben colgar de las viviendas en comercialización (obligatorio desde el 1 de junio). En concreto, una casa con la letra A, la de máxima eficiencia, puede llegar a consumir hasta un 86% menos de energía que otra con la G, según recordó Javier García Breva, presidente de N2E y de la Fundación Renovables, durante el desayunó de prensa ‘Tendencias en energía: Financiación de la Eficiencia en edificios’.
Este ex director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) alude a un porcentaje calculado por el Centro Nacional de Energías Renovables (Cener). Este 86% de reducción de gasto de energía se traduciría en miles de millones de euros de ahorro.
El precio de la energía continuará subiendo de forma importante
Según la estimación de La Oficina de Javier García Breva, el gasto energético de los edificios en España asciende a unos 15.000 millones de euros. «Sólo disminuyendo el consumo al 40%-50%, no ya al 86%, dejarían de gastarse unos 7.000 millones de euros que se quedarían en los bolsillos de los ciudadanos», apunta García Breva, al tiempo que advierte de que el precio de la energía continuará subiendo de forma importante en España.
Pero esta meta del 86% -hacer que todas las viviendas lleguen a ser clase A- no parece cercana. Y está en manos de las comunidades autónomas. «El actual certificado energético sólo tiene carácter informativo, sin compromisos de mejora», recuerda García Breva. «Y su aplicación y efectividad», continúa, «dependerá de los Gobiernos regionales, que deben regularlo». Este experto en energía, sin embargo, confía más en la labor de las CCAA que en la del Gobierno, «que ha hecho un Real Decreto burocrático para responder ante Bruselas y que es sólo papel».
Al margen de la actuación firme o menos firme de las comunidades sobre la etiqueta energética, García Breva apostaría por que el Estado diera «incentivos fiscales al ahorro energético» en las casas y «castigara el derroche» como se hizo en su día con los coches. Espera que el proyecto de ley de rehabilitación que se está desarrollando «obligue a hacer reformas» en favor de la eficiencia.
Respecto a las posibles multas las que podrían enfrentarse los propietarios que comercialicen sus viviendas sin certificado, de hasta 6.000 euros, García Breva declara que «no es la mejor manera de incentivar». «Lo que se necesita es un marco fiscal para premiar el ahorro», insiste este experto en energía. García Breva recuerda que España ha perdido 10 años desde que se publicó la directiva del certificado (2002) y se haya amparado una «cultura nefasta de la hipoteca energética».
Para que esta nueva realidad de eficiencia energética en las viviendas tome cuerpo, además de los incentivos fiscales y la concienciación ciudadana, el presidente de N2E y de la Fundación Renovables aboga por la necesidad de un banco especializado que dé impulso financiero. «Hay que impulsar», según García Breva, «instrumentos de crédito público-privados que pasan por informar a las entidades de la directiva europea y por crear un fondo nacional para la eficiencia energética como un ‘banco verde'».
García Breva cree, en este sentido, que ya están sentadas, desde Europa, las bases para este impulso decidido de la eficiencia energética de los edificios, pero lamenta que en España las directivas europeas sobre ahorro de energía no estén plasmándose en la legislación como se debería. «El Gobierno más que reformas está poniendo en marcha medidas recaudatorias», señala, al tiempo que critica que España sólo reacciona en esta materia cuando Bruselas amenaza con sanciones, como ha sido el caso en el tema del certificado energético para viviendas.
Noticia extraída del elmundo.es del 20 de Junio de 2013
